Marta Plana Drópez, consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) desde mayo de 2011 hasta la supresión de la entidad en julio de 2013, ejerció cargos en una empresa privada, de la que era fundadora, incompatibles con la pensión compensatoria que cobró durante los dos años siguientes al cese. Además, no comunicó estas actividades a la Oficina de Conflictos de Intereses. Por todo ello, tras el expediente abierto por esta entidad, el Consejo de Ministros ha aprobado una resolución en la que considera que cometió una infracción muy grave de la ley que regula a los altos cargos. La multa: cinco años de veto para cargo público y la publicación de la sanción en el BOE.

Así se desprende de la resolución del expediente, presentada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y aprobada en Consejo de Ministros el pasado 1 de abril. Este documento forma parte del informe remitido al Congreso de los Diputados por la Oficina de Conflictos de Intereses para dar cuenta de su actividad en el primer semestre de 2016. La sanción, a día de hoy, aún no ha sido publicada en el BOE.

​Plana es militante de Unió Democràtica de Catalunya desde 1996 y miembro de su Comité de Govern. Además, es hija de dos miembros históricos de la formación y fue número 3 por Barcelona en las últimas elecciones al Parlament.

Alegaciones de ida y vuelta

Tras su paso por la CMT, comunicó a la Oficina de Conflictos de Intereses que optaba a la compensación económica de dos años tras el cese, incompatible con cualquier otra actividad pública y privada, con algunas excepciones. Gracias a eso, cobró 96.195,48 euros al año durante dos años, del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2015.

En septiembre de 2015, gracias a un aviso recibido desde la CNMC, organismo encargado de pagar las pensiones compensatorias de organismos extinguidos como la CMT, la Oficina de Conflictos de Intereses abrió actuaciones previas para discernir si un cargo que ella misma incluía en su página web y en su Linkedin, General Counsel de una empresa llamada Digital Origin, era incompatible con la pensión que había recibido durante esos dos años.

Tras recibir el primer aviso de esta investigación, Plana alegó que no había recibido retribuciones durante ese tiempo de ninguna empresa, tampoco de Digital Origin. Sí admitió entonces que participó en la constitución de la compañía en 2011, pero argumentó que no recibió dinero a cambio de sus funciones allí hasta agosto de 2015, una vez se agotó su pensión de dos años. Para demostrarlo, presentó sus declaraciones de la renta de 2013 y 2014, en las que solo aparecían, como extras a la compensación por cese, algunos cursos, que sí son compatibles. Esto significa que participó en la creación de la start up siendo consejera de la CMT.

Un mes de alta en la Seguridad Social

La Oficina, entonces, preguntó a la Tesorería General de la Seguridad Social por las altas y bajas de la exconsejera. Y recibió una nueva revelación: Marta Plana estuvo dada de alta como trabajadora por cuenta ajena en la empresa Círculo de Asesores del 1 al 30 de agosto de 2013, justo el primer mes en el que cobró su pensión.

​La justificación de Plana a esta nueva revelación fue asegurar que no sabía nada y culpar a la administradora de la empresa, su madre, que lo hizo “con la intención de que -su hija- pudiera seguir cotizando en la Seguridad Social” una vez la CMT echó el cierre. Y acompañó a sus alegaciones un escrito de su progenitora explicando esta decisión “unilateral”. Además, aportó documentos para demostrar que ni trabajó en esa empresa ni cobró de ella.

En esas alegaciones aprovechó para argumentar que “pensaba que tener una participación en una start up o detentar un cargo de general counsel no constituía una vulneración de la ley. Y, ya en las últimas, intentó desdecirse y aseguró que no participó en la constitución de Digital Origin, pese a que tanto ella como miembros de la firma habían dicho lo contrario en alegaciones anteriores. De hecho, en su Linkedin y en su CV (el anterior - el actual) la fecha de 2011 como arranque del trabajo en la firma desapareció.

​En base a un informe de la Abogacía del Estado, que asegura que la incompatibilidad se da si se desempeña una actividad “típicamente retribuída”, “configurada legalmente como tal”, la Oficina de Conflictos de Intereses asegura que ser socia, legal counsel y haber participado en la constitución de Digital Origins sí supone una incompatibilidad con la pensión por cese, cobre o no. Y que, además, debería haber comunicado a la Oficina su intención de ejercer estas actividades antes de llevarlas a cabo. Por todo esto, decide imponer a Marta Plana una sanción por infracción muy grave.

​Y, ¿qué pasa con su alta de un mes en una empresa en la que, según ella misma, no trabajó? La entidad cree su versión y la exculpa de posibles incompatibilidades pero, añade, "sin perjuicio de que por parte de esta Oficina de Conflicto de Intereses se ponga este hecho en conocimiento de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por si dicha afiliación pudiera constituir una infracción" de la ley.​

Unió, vida y familia

Marta Plana obtuvo su carné de Unió en 1996, cuando cumplió los 18 y el mismo año en que su madre, Carme Drópez, fue designada secretaria general adjunta del partido. Desde el 92, Drópez ya formaba parte de su Comité de Govern y ejercía la vicepresidencia del Institut Miquel Coll i Alentorn, fundación vinculada a Unió.

La trayectoria de su madre va más allá. Al cargo en el partido le acompañaron varios puestos en la administración de la Generalitat. Entre 1996 y 2000, Carme Drópez fue asesora en la Generalitat de Jordi Pujol y del conseller d’Ensenyament, Xavier Hernández Moreno. Además, Drópez tuvo tiempo para formar parte de la directiva del FC Barcelona, de la que formó parte desde 1995 hasta 2000, en los últimos años de la presidencia de Josep Lluís Núñez.

Durante estos años la familia Plana Drópez tuvo una gran actividad profesional, pero también judicial. Su padre, Josep Antoni Plana Castellví, director de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) entre 1989 y 1999, resultó exculpado en el caso Olé, que investigó la venta de este proyecto –embrión de Terra– financiado por la FCR, es decir, por fondos públicos. Antes, Plana Castellví había sido director provincial en Barcelona del Ministerio de Educación y director de la Fundación Educativa de la Caixa de Barcelona. En la actualidad, Josep Antoni es catedrático y vicerrector de la Universidad de Barcelona.

Tras un periplo en Estados Unidos donde se especializó en derecho tecnológico, Marta Plana, protagonista de esta historia, regresó a España. En 2011, 25 años después de su afiliación a UDC, el Gobierno, a propuesta del grupo parlamentario de Convergència i Unió, nombró a Marta Plana consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El mismo año, cofundó Digital Origin, una empresa de microcréditos en la que a día de hoy figura como General Counsel.

Unos meses después de su cese como consejera de la CMT, en febrero de 2014 y mientras recibía su pensión compensatoria, Plana ya vendía en los informativos de TV3 (a partir del minuto 19) sus productos como socia de Newbanq, anterior denominación de Digital Origin. En abril de 2015, Plana también apareció en Para Todos la 2, de RTVE, en una entrevista donde habló de emprendimiento y de su empresa, que facturó en el ejercicio anterior más de 10 millones de euros. Sin embargo, en el repaso de su carrera no mencionó su paso por la CMT y cuyo régimen de incompatibilidades seguía vigente hasta el 31 de julio de 2015.

Pese a todo, su incursión en el ámbito privado no le alejó de Unió. Además de suceder a su madre en el Comité de Govern, Marta Plana fue número 3 de las listas de UDC por Barcelona en las pasadas elecciones autonómicas del 27S, en las que se materializó la división entre Convergència –que se presentó dentro de la coalición Junts pels Sí– y su partido.

​La ley que le aplica, ahora derogada, establece en su artículo 18 que las infracciones muy graves, además de ser sancionadas con su publicación en el BOE y, en casos como este, con el veto para cargos públicos, comprenderá: “la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en la forma que se establezca reglamentariamente”. En este caso, la Oficina, el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Ministros han decidido que la sanción no debe ser económica.

  • Bola extra: El documento remitido al Congreso también incluye los expedientes de otros dos sancionados, Luis Hernández Ferrero y Almudena Muñoz Guajardo. En El BOE nuestro de cada día ya adelantamos las sanciones a los dos primeros (aquí y aquí), publicadas en el BOE, pero ahora podemos conocer un poco mejor sus historias. Luis Hernández, Inspector General de Sanidad de la Defensa hasta enero de 2015, ejerció como médico en paralelo a su actividad privada. Almudena Muñoz, ex directora de Casa del Mediterráneo, no presentó las declaraciones tras varios requerimientos (ahora ya sí están presentadas). Ambos alegaron que no debían entrar en la consideración de alto cargo, pero la Abogacía del Estado y la Oficina de Conflicto de Intereses no opinaban lo mismo. En los tres casos, los sancionados pueden haber recurrido ante el contencioso-administrativo.