Economía se aferra, sin éxito, a cláusulas de inadmisión de solicitudes de información para no dar los nombres de tabaqueras con las que se reunió para tratar sobre la regulación del tabaco en España. Así lo confirma la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ante un recurso por una respuesta incompleta del Ministerio de Economía y Competitividad.

En un primer momento, Economía ocultó la identidad de las empresas recibidas en el ministerio. La única información que ofreció fue una agenda parcial en la que los recibidos por dos secretarios de Estado son mencionados con frases genéricas como "Director General de una empresa del sector". La opacidad alrededor de las interacciones con la industria del tabaco va en contra de un Convenio Marco de la OMS que España firmó en 2003.

Fruto de dicho recurso, el ministerio dirigido por Luis de Guindos se ha visto obligado a identificar a las empresas de la industria tabaquera con las que reunió con motivo de la transposición de la Directiva de Productos del Tabaco. En la ampliación forzada de la respuesta, Economía reconoce que discutió con Phillip Morris, British American Tobacco y Political Intelligence –una agencia de 'lobby', comunicación y relaciones institucionales– la adaptación a la legislación española de la norma europea sobre productos del tabaco.

Así las cosas, en octubre de 2012 el director general de Política Económica se entrevistó con el director de Asuntos Corporativos de Philip Morris para tratar la transposición de la directiva. Dos meses después, y para tratar el mismo tema, el entonces secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, recibió también al director general de Philip Morris.

Bajo la etiqueta de "tres representantes del sector", Economía obvió mencionar en su primera respuesta que su secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, departió sobre la transposición de la norma europea con representantes de British American Tobacco –se desconoce el cargo de su asistente–, de Political Inteligence y de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, el pasado 23 de febrero de 2012.

Tirón de orejas para el Ministerio de Economía

 

El acceso a la información ha sido posible tras un recurso al Consejo de Transparencia, órgano competente para dirimir si, ante una reclamación, la entidad pública ha respondido, de acuerdo a la Ley de Transparencia, a la solicitud de información planteada.

Durante la tramitación de la reclamación, el Ministerio de Economía alegó que no era posible ampliar la información suministrada –esto es, indicar qué compañía está detrás de la etiqueta "una empresa del sector"– al entender de aplicación las causas de inadmisión previstas en la Ley de Transparencia. En concreto, Economía hizo referencia a los apartados b (información auxiliar o de apoyo) y c (labor necesaria de reelaboración) del artículo 18.1 de la citada norma, sin explicar el porqué.

El Consejo de Transparencia, sin embargo, sí que motiva con esmero las razones de inadmisión de los alegatos de Economía. Primero, el Consejo niega que conocer los datos de empresas que asistieron a reuniones sea conocer información auxiliar o de apoyo: no se trata de un texto preliminar, borrador o informe; no contiene opiniones no mantenidas por el ministerio; no corresponde al significado gramatical de auxiliar o de apoyo; y no cumple con esa valoración puesto que el Ministerio de Economía ya proporcionó información relacionada.

Esta última razón es la que el CTBG usa para tumbar la segunda alegación de Economía, cuando el ministerio indica que se precisa una labor de reelaboración para dar la respuesta solicitud. El Consejo entiende que esta causa sólo puede ser esgrimida cuando la información solicitada deba elaborarse de forma expresa para responder a una solicitud de información. En este caso, el Consejo de Transparencia rechaza, por incongruencia, que añadir a la respuesta anterior que incluía número y cargos de los asistentes el nombre de las empresas representadas por los visitantes del ministerio sea reelaboración.

Además, el CTBG critica la falta de argumentación en las alegaciones del Ministerio de Economía, algo "totalmente incompatible con la norma, no sólo en su literalidad sino también en su espíritu, el no argumentar, siquiera mínimamente, las razones por las que se considera que no se puede tramitar una solicitud de acceso a la información". Primer tirón de orejas para Economía.

La segunda queja del Consejo de Transparencia es relativa a los plazos de respuesta del Ministerio de Economía, que el CTBG califica de "extemporánea". La Ley de Transparencia fija un mes para que las entidades públicas contesten a una petición de acceso a la información; Economía tardó en responder más de dos meses.