No es necesario que una ley te obligue a ser transparente para que lo seas. Aunque no existe directiva legal en España que imponga a los diputados la publicación de sus agendas de trabajo, muchos partidos se van sumando a esta petición y, en esta tercera ronda de análisis (aquí puedes leer las conclusiones de la primera y la segunda), cuatro formaciones políticas ya comparten con los ciudadanos información sobre con quiénes se reúnen y cuándo: EUiA y Compromís se han añadido a la lista de las buenas prácticas, en la que ya estaban UPyD e ICV.

Eso significa que, según lo que informan en sus páginas web o han comunicado los miembros del partido personalmente, estos cuatro partidos han decidido publicar sus agendas de trabajo completas. Eso sí, a pesar de que exista voluntad, las agendas no siempre están actualizadas y no tenemos la garantía (más allá de las que ofrecen sus responsables) de que  publiquen todas las reuniones.

El PSOE, parcial y con zonas opacas

Otra de las novedades más importantes es el paso adelante del PSOE. Desde principios del pasado diciembre, la web del Congreso ha habilitado un espacio en la página de cada diputado donde, los que así lo solicitan, pueden publicar un enlace a su agenda. Así lo hacen algunos de los partidos que ya se habían sumado a esta práctica con anterioridad (como UPyD, cuyos cinco diputados fueron los primeros en enlazar a sus agendas), a los que se han unido algunos diputados socialistas (40 de un total de 110), incluidos su Secretario General, Pedro Sánchez, y el portavoz del grupo parlamentario, Antonio Hernando.

Aunque desde el PSOE aseguran que en las agendas de estos dos cargos se publican todas las reuniones con terceras partes, también advierten que excluyen del escrutinio público los encuentros con aquellos que no hayan dado su consentimiento. Esta barrera supone un grave problema para la rendición real de cuentas, ya que pueden quedar fuera de campo muchas reuniones de importante interés informativo. En paralelo, al no estar regulado ni por el partido ni por el Congreso, la calidad y cantidad de información que publica cada diputado es muy variable. En muchos casos es nula.

Otro paso adelante del PSOE en un aspecto muy vinculado a la agenda de los diputados es la publicación de los viajes que realizan (una práctica que ya realizaba UPyD junto con su agenda y sus reuniones). Así, lo que hace un tiempo sonaba para algunos como una petición excesiva, casi una intromisión en su trabajo diario, va calando en el debate público, aunque el avance ha tenido que ser, en ocasiones, a golpe de escándalo. El conocimiento público de los viajes personales a Canarias del exdiputado por Teruel Carlos Muñoz Obón y del Presidente de Extremadura, José Antonio Monago, a cargo del Congreso, con debate mediático incluído, fue uno de las razones que propiciaron, a finales del año pasado, que algunos diputados más pusieran sus agendas de viajes y de trabajo a disposición de los ciudadanos.

En Izquierda Unida, por su parte, el diputado Gaspar Llamazares ya publica su agenda, pero esta práctica no se ha extendido a todos los miembros del grupo parlamentario. El resto de formaciones políticas no han mostrado avances en los últimos meses, siendo la información que dan sobre reuniones con terceras partes –más allá de su actividad oficial, de partido y parlamentaria- escasa (PP) o nula (Foro Asturias, Geroa Bai, PNV, ERC y CiU). Otros ni siquiera tienen agenda (Amaiur, UPN, BNG).

 

El debate llega al Congreso

En algunos casos, las formaciones que predican con el ejemplo han pedido una regulación sobre el tema. En noviembre de 2014, Rosa Díez (UPyD) envió una carta a Jesús Posada pidiendo que “de manera inmediata todos los diputados estén obligados a publicar su agenda de trabajo con los contactos incluidos”. En enero de 2015, el partido insistió y pidió, entre otras propuestas, que el Portal de Transparencia incluyera las “reuniones del representante público con sociedad civil, organizaciones gubernamentales y empresas de manera mensual”. Pocos días después, la Mesa del Congreso de los Diputados aprobó las normas internas para adaptar su reglamento a la aplicación de la ley de transparencia. Como la propia ley, tanto las agendas de trabajo como las reuniones se excluyeron del ‘paquete transparencia’: podemos saber cuánto cobra un ministro pero no con quién se reúne para debatir reformas legislativas con consecuencias millonarias.

En diciembre se aprobó la Ley de Transparencia de Catalunya que, en solo folio y medio, crea un registro de lobbies y obliga a sus miembros a informar sobre sus reuniones con miembros del Gobierno y diputados del Parlament. Se puede hacer y, de hecho, es muy necesario para poder rendir cuentas. Por ello, seguimos reclamando que en la reforma del reglamento de funcionamiento del Congreso, donde el grupo parlamentario popular ha presentado una propuesta de regulación del lobby, se incluyan criterios para la publicación de las agendas de trabajo de los representantes públicos. Muchos no necesitan una ley que les obligue, pero es imprescindible que exista para que todos publiquen esta información y bajo unos mismos criterios.

 

¿Y en Europa?

En la Comisión Europea, también desde el diciembre pasado, han optado por hacer la publicación obligatoria para los comisionados y los miembros de su gabinete, estableciendo formalmente qué reuniones y qué información hay que publicar (personas que han participado en la reunión, organización a la que pertenecen, fecha y tema tratado), cuándo hay que publicarlo (máximo dos semanas después de que se haya producido el encuentro), qué cargos están obligados (comisionados y los miembros de su gabinete), y qué casos están excluidos (reuniones con otras instituciones europeas, terceros países, representantes de partidos políticos y confesiones religiosas).

La información ya está disponible en la página web de cada comisionado, y aunque hay aspectos que mejorar (suscribimos la posición de las organizaciones europeas expertas en el tema), la medida manifiesta que poner esta información en manos de los ciudadanos sólo cumple con lo esperado de los cargos públicos: informar de sus actividades en el desarrollo de sus funciones. Fácil, ¿no?